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Es voz pópuli, que a finales de año 2016, el Tribunal de Justicia Europeo, va a dictar Sentencia sobre una cuestión que los Jueces españoles le sometieron al respecto de la extensión de los efectos de la nulidad de las cláusulas suelo de los contratos hipotecarios.
Sin entrar en detalles que sólo pueden aburrir a las personas ajenas a los intríngulis del derecho, pues en este tema está, como siempre, el debate referente a si el derecho español se ajusta a las disposiciones europeas, lo que muchos estudiosos de la situación están anticipando es que precisamente el Tribunal Europeo, en su función de armonizador de las normas del los Estados de la Unión, solo se pronunciará sobre este particular punto, y que no podrá hacerlo sobre los efectos de la nulidad de las clausulas suelos, porque ello solo compete al Tribunal Supremo.
Y en esta situación, gran parte de la doctrina entiende que el Tribunal Europeo dictaminará en el sentido de considerar que las limitaciones que el Tribunal Supremo a la retroactividad de la nulidad de las clausulas suelo es compatible con el derecho de la unión y sólo al Alto Tribunal español le compete la fijación del alcance de la nulidad de las cláusulas suelo.
Este es precisamente el criterio que el Abogado General del Tribunal Europeo, Paolo Mengozzi, plasmó en el preceptivo informe a la Sala que debe conocer el asunto; que la limitación temporal impuesta por el Tribunal Supremo es compatible con el Derecho Europeo ya que corresponde al ordenamiento jurídico de cada estado miembro precisar las condiciones siempre que se respeten los principio de equivalencia y efectividad del derecho de la unión.
Equivalencia en el sentido de que la norma nacional se aplique de la misma manera a casos similares en los que se debata la aplicación de las normas de derecho interno o de la Unión.
Y efectividad en el sentido de que la norma nacional no impida o dificulte gravemente la aplicación del derecho de la Unión.
El Abogado General concluye diciendo que el Tribunal Supremo español no ha vulnerado estos principios y por consiguiente su resolución es compatible con el derecho europeo.
Hay que decir que el dictamen del Sr. Mengozzi no es vinculante para los Magistrados, pero en la práctica rara vez se apartan del criterio informado por el Abogado General y es más que probable que la Sentencia se ventile en estos términos.

A modo de conclusión diremos que si el TJCE se declara incompetente para decidir sobre la aplicación de una norma interna española y, sin entrar en la bondad o no de la decisión del Tribunal Supremo, manifiesta que es éste el que debe dilucidar la cuestión de la retroactividad de la nulidad, los afectados por las cláusulas suelo solo podrán recuperar aquel dinero de más que hayan pagado desde el 9 de mayo de 2013, pero no desde el inicio de la relación contractual.
En este momento, algunos Juzgados de Primera Instancia y Audiencias Provinciales se han apartado del criterio del Tribunal Supremo, y han aplicado la retroactividad total de la nulidad del contrato, y han concedido al demandante el derecho de cobrar desde el inicio, con una absoluta aplicación textual del derecho patrio, si bien es de esperar, como ya ha ocurrido en algún supuesto que los Tribunales Españoles están reconociendo la excepción de prejudicialidad europea y esperarán a la sentencia del TJCE para seguir la tramitación del procedimiento de reclamación una vez haya Sentencia en Europa.

Sea como fuere, nuestro consejo es que los afectados vayan preparando la reclamación, e incluso, que se inicien los trámites extra judiciales de reclamación a las entidades de crédito, tanto para que cesen inmediatamente en la aplicación de las cláusulas, como para reclamar la totalidad de lo excesivamente pagado, con el recálculo de la cuota y el capital pendiente, porque a tiempo de recortar siempre estaremos.

COMINS. Abogados y Asesores les puede asesorar y ayudar. Pregúntenos sin compromiso.

¿Cuántas veces hemos oído decir o hemos tenido noticias de que una empresa que ha sido puntera en su sector, innovadora, próspera y sobre todo rentable, ha caído en turbulencias que le auguran un mal futuro, tras el relevo generacional en los órganos de dirección?.
Seguro que si hacemos memoria contaríamos de inmediato con varios ejemplos que nos son, incluso, próximos.
¿Estás dispuesto a que tu empresa corra ese mismo riesgo cuando tú hayas abandonado el timón o hayas, lamentablemente, dejado de estar entre nosotros?.
Pues si la respuesta es negativa, sigue leyendo este pequeño artículo.

¿Qué es el Protocolo Familiar?
El Protocolo Familiar es un instrumento específico de las empresas familiares que regulas los aspectos que facilitan la continuidad de la misma, con anticipación a las discrepancias y desacuerdos que pueden surgir en un futuro, con la intención de garantizar el mantenimiento de las particularidades de la empresa que la identifican y la distinguen de las demás de su competencia.
La ancianidad de los fundadores o dirigentes, la adaptación a lo nuevo, la entrada en la familia de elementos disonantes, las bodas y los divorcios, las herencias, la sucesión en el mando, suelen ser cruciales para la pervivencia de la empresa.
A través de este instrumento, que se estudia y redacta ‘ex profeso’ para cada empresa familiar, pues no siempre se presentan las mismas problemáticas en todos los supuestos, se puede prever cómo hay que actuar en función de las circunstancias que se puedan presentar en un futuro.
Se puede tratar todo tipo de asuntos: cómo se accede a los puestos de dirección; qué cualificación académica, técnica o profesional debe tener el candidato, sea o no familia; qué ocurre en los casos que un socio no quiera seguir permaneciendo en la empresa o en el proyecto; como actuar frente a un divorcio o ruptura familiar que pueda afectar al régimen participacional o accionarial; cuál es el régimen retributivo de los socios respecto a su aportación de trabajo a la sociedad en función de su estatus o de su cualificación, con independencia de su dividendo; cómo se procederá ante bloqueos de las mayorías decisorias en las Juntas; y un largo etcétera, que pasará incluso por el blindaje del propio pacto de socios, para que una mayoría simple no pueda cambiar la estrategia establecida por el socio fundador o por el Consejo de Familia para evitar que la empresa pueda desintegrarse.
En definitiva, todas las relaciones económicas y profesionales entre los miembros de la familia que ostentan condición de socios y la propia empresa se pueden regular y además como va a gestionarse y organizarse la empresa.

Es muy importante, por no decir inexcusable, que el Protocolo Familiar cuente con el consenso de todas los familiares y que se elabore en “tiempos de paz”, pues sólo ello garantizará que el mismo sea eficaz.

Por ello, si ahora tienes problemas en tu empresa no es el momento en el que pensar en formular un acuerdo de este tipo, pues quizá no tenga ninguna eficacia en el momento en el que debiera aplicarse.

Pero si te encuentras en un momento en que empresa familiar está saneada, con perspectivas de futuro crecimiento, con visión de que en la próxima década tus descendientes van a entrar a tener responsabilidades en su gestión, y que pueden entrar nuevos miembros en el ámbito familiar que puedan querer tener opinión y decisión sobre los asuntos del negocio, quizá sea ahora el momento de que te plantees si quieres atar el modelo de empresa que has forjado para que no se vea afectado por las fluctuaciones familiares.

COMINS. Abogados y Asesores quiere ayudar a su empresa a estudiar y redactar esos pactos que les permitan regenerarla internamente y consolidar una estructura de futuro que le ayude a progresar con independencia del temido relevo generacional. Contáctanos.

El Gobierno que estaba al mando en España en el momento en que se publicó la Ley Autonómica de Régimen Económico Matrimonial Valenciano, la Ley 10/2007, interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional por entender que la Comunidad Autónoma Valenciana no tiene competencias normativas para legislar “ex novo” en materia de derecho civil, y que por tanto estaba invadiendo las competencias estatales en esa materia. Sin entrar en disquisiciones de tipo político, que sin duda subyacen en la formulación del recurso, lo bien cierto es que el pasado día 28 de abril de 2016, el pleno del Tribunal Constitucional estimó el recurso presentado y declaró la nulidad de la norma.

Según la Sentencia la competencia legislativa de la Comunidad Valenciana queda limitada a aquello que suponga la recuperación de la legislación o la costumbre que al tiempo de la promulgación de la nueva Ley, perviviesen, se aplicasen y se cumpliesen como verdaderas normas jurídicas, ya que los Fueros del Reino de Valencia fueron derogadas tras la Guerra de Sucesión por el monarca Borbón Felipe V, y declara la inconstitucionalidad de la norma aprobada por la Generalitat Valenciana y siendo nula de pleno derecho, por consiguiente, en lo correspondiente a determinados artículos de la misma que hacen inviable cualquier aplicación del resto de la misma, por conexión, al considerarse una “unidad inescindible”.

En la práctica el Tribunal Constitucional ha limitado los efectos de la declaración de nulidad a los matrimonios que se celebren a partir de la firmeza de la Sentencia, puesto que ésta “no afectará a las situaciones jurídicas consolidadas”. Es decir, los matrimonios que se constituyeron en el periodo de vigencia de la norma, desde julio de 2008 hasta la Sentencia, seguirán rigiéndose por el contenido de la ley, a pesar de su nulidad, como si se tratase de unas capitulaciones matrimoniales. Por consiguiente, los nuevos matrimonios que se celebren a partir del mes de junio de 2016 en la Comunidad Valenciana, de contrayentes de vecindad civil valenciana, tendrán como régimen supletorio el de Sociedad Matrimonial de Gananciales. Si los matrimonios que se van a celebrar a partir de ahora quieren mantener un régimen parecido o igual al que se derivase de la aplicación de la ley anulada, pueden hacerlo mediante la correspondiente escritura de capitulaciones matrimoniales, en la que con total libertad, pueden pactar aquellas condiciones que deseen, incluso “clonar” toda la ley íntegra. No obstante, siempre sería conveniente asesorarse adecuadamente antes de tomar una decisión, y por ello os instamos a que consultéis con un abogado, puesto que dado que se va a pactar personalmente cuales son las condiciones económicas de la relación matrimonial, pueden acoplarse o adecuarse las cláusulas a la situación concreta y darles una solución más personalizada para cada matrimonio.

Si buscas ayuda para decidir qué quieres hacer y lo que más te conviene COMINS. Abogados y Asesores te la puede dar.
Ponte en contacto con nosotros.

La Sentencia dictada hace unas semanas por el Tribunal Supremo en la que se sienta jurisprudencia en contra de la Oferta Pública de Suscripción de Acciones de la Entidad Bankia en julio de 2011, viene a suponer que todos los juzgados y tribunales de España van a dictar resoluciones en contra del banco y en síntesis supondrá que éste deba devolver el dinero de la inversión realizada por el cliente, los intereses legales desde dicho momento hasta la interposición de la demanda y los intereses judiciales (es decir los legales incrementados en dos puntos) desde la interposición de la demanda hasta el momento en que Bankia pague el principal. Y además, las costas judiciales que le haya ocasionado su reclamación en el Juzgado, siempre y cuando la intervención del Abogado sólo es obligatoria cuando la reclamación excede de 2000 euros.

Sin embargo, esta pasada semana, la Entidad Financiera ha publicado en los medios de difusión, incluso en un vídeo explicativo en el que aparece un CEO corporativo, que van a proceder a la devolución de la totalidad de la inversión realizada y bonificando la misma con un 1% de interés anual.
El procedimiento para unirse a esta iniciativa y solicitar el pago, consiste en personarse en la entidad y suscribir una solicitud en la que se pide por el propio cliente que se le devuelva el importe invertido con dicho tipo de interés desde la suscripción.
Lo primero que nos encontramos es que no es una oferta que realiza la entidad, sino que se trata de una petición que realiza el cliente a la entidad. Por lo que significa un acto libre y voluntario, (aunque se podría demostrar posteriormente que ha sido inducido por la información nuevamente errónea que ha ofrecido la entidad), es decir, un ACTO PROPIO, que evidencia su voluntad de SOLO reclamar unos intereses que son cuatro veces inferiores a los que percibiría a través de la Sentencia dictada en cualquier Juzgado de España.
Además el cliente se compromete a retirar cualquier demanda que tenga interpuesta contra el Banco.

Por tanto, la pregunta del millón es: ¿Vale la pena realizar la solicitud y percibir lo que Bankia ofrece ahora? ¿Sale a cuenta?
La contestación, desde el punto de vista jurídico-económico es clara: NO, si su inversión fue superior a los DOS MIL EUROS e incluso en las inferiores a estas cantidades en algunos casos.
¿Porqué decimos esto?
Básicamente, los intereses ofrecidos en el acuerdo son del 1% anuales, lo que supone que por cada 1000 euros de inversión en acciones se recibirán 10 euros anuales.
En definitiva, dado que las acciones se suscribieron en bolsa el 20 de julio de 2011, hasta hoy mismo han transcurrido exactamente 4 años y 7 meses. Ello equivaldría a percibir en aplicación del convenio ofrecido la cantidad de 45’84 euros de intereses por cada mil euros de inversión.
Sin embargo, si usted se decide a presentar una demanda judicial, los intereses por la misma cantidad invertida y durante ese mismo plazo de tiempo es de 177’26 euros.
Además, si usted ya tiene presentada la demanda la entidad Bancaria tendría que satisfacerle los intereses legales incrementados en dos puntos, (es decir, un 2% más) desde el día en que fue presentada la demanda y el día en que pague la entidad.

Quiere decir que Bankia por cada 1000 euros de acciones iniciales que recupere en virtud del acuerdo ofertado ahorrará sólo en intereses 132 euros aproximadamente.
Bankia aspira a ahorrarse de este conflicto, que sólo ella provocó, una cantidad aproximada de 242 millones de euros, que es la cantidad de intereses que acabaría pagando en los Juzgados.

Ahora bien, debe tener en cuenta que presentar una demanda judicial contra el Banco en estos menesteres no es una cuestión que deba abordar sin ser dirigido por una persona experta en leyes.
Su Abogado percibirá de usted sus honorarios, de conformidad con los pactos que haya alcanzado con usted.
El Banco solo estará obligado a compensarle por dichos gastos, si existe una Sentencia Judicial que lo condene a su pago, por lo que nunca le satisfará los gastos legales incurridos si espera a tener una sentencia a su favor, lo que seguro que llegará.
En este caso sólo podrá repercutir total o parcialmente, la cantidad que le haya pagado a su Abogado si la demanda es para reclamar más de 2000 euros o si el juez entiende que el banco ha actuado de mala fe en la contienda judicial.
Es por ello, por lo que le decimos que si usted invirtió una cantidad inferior a 2000 euros debe hacer cuentas y ver si le es favorable el acuerdo ofrecido por el Banco o si es preferible ir al Juzgado.

En las inversiones superiores a dicha cantidad de 2000 euros, siempre será mejor presentar una demanda, pues, no solo recuperará el importe total de la inversión sino que también se le compensarán con los intereses legales y judiciales y con las costas procesales.

¿Y si yo adquirí las acciones por canje de preferentes?
Finalmente, hay que dejar claro que el acuerdo ofrecido por el Banco sólo es aplicable a los supuestos de adquisición de acciones en la OFERTA PUBLICA DE SUSCRIPCION, pero no es aplicable a los supuestos de acciones adquiridas como pago del acuerdo de recompra de Participaciones Preferentes u Obligaciones Subordinadas, que se formalizaron entre clientes y el banco aproximadamente hasta el mes de mayo de 2012.
Si éste es su caso, es mejor que interponga demandad judicial antes del día 25 de mayo de 2016, puesto que con posterioridad su inversión puede que no se recupere nunca.


¿Y si vendí las acciones de Bankia con anterioridad?
No pasa nada, usted podrá reclamar también judicialmente la diferencia entre el valor invertido y el producto de la venta en el mercado bursátil, y los intereses de dicha cantidad obtenida desde la adquisición de las mismas.
Aunque deberá considerar en ese caso si la cantidad recuperable es superior o inferior también a los 2000 euros de la forma en que hemos indicado anteriormente.


Como siempre le indicamos que en COMINS. Abogados y Asesores la consulta sobre las posibilidades que se ofrecen para recuperar su inversión es gratuita. Sólo le cobraremos si finalmente nos elige como sus Abogados y formulamos la reclamación judicial o extrajudicialmente.
Si usted que está leyendo este articulo, no compró acciones, ni le fueron intercambiadas sus preferentes por acciones ni está en ningún supuesto de afectación por las acciones fraudulentas de Bankia, recuerde que alguien próximo a usted, familiar, amigo, vecino, puede estar en esta situación y haber dado por perdida la inversión que hizo. Pásele esta información, le estará haciendo un gran favor.
Si considera que la información que le aportamos puede ser válida para alguién, compártala con sus amigos de facebook, en su biografía, haga que la lea quién todavía no se ha percatado que el Banco sigue jugando con todos nosotros. Compartir es informar.

NULIDAD DE ACUERDO DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TOMADO EN EL APARTADO DE RUEGOS Y PREGUNTAS
El Tribunal Supremo ha establecido con total claridad que independientemente de la importancia  o repercusión del acuerdo tomado en los propietarios de la finca en régimen de propiedad horizontal, no se puede adoptar el mismo al no constar especificado en el orden del día, siquiera de manera referencial. 
Hace expresa mención a que el Orden del Día no es necesario que sea exhaustivo, y que sólo hace falta que conste de manera relacionada que se va a tratar éste en la Junta de Propietarios.

Lo curioso es que la Audiencia Provincial de Valencia determinó que sí era válido el acuerdo adoptado por no constituir un gravamen especial en los propietarios del inmueble.

Reseñamos unos párrafos que concentran lo más importante de la Sentencia:

"Pues bien, con aplicación de la doctrina jurisprudencial reseñada, el motivo tercero ha de ser estimado al resultar contraria a aquella la sentencia impugnada. Razona la recurrente que con aplicación de la doctrina jurisprudencial declarada en Sentencias del Tribunal Supremo de 27 de julio de 1993, 26 de junio de 1995, 18 de septiembre de 2006 y 10 de noviembre de 2004, por la cual «no resulta admisible la adopción de acuerdos que no estén en el orden del día, ni tan siquiera bajo el epígrafe de ruegos y preguntas», el acuerdo impugnado relativo a la instalación de grifería y pileta de desagüe ha de ser declarado nulo puesto que el mismo no se reflejó en la convocatoria de la junta de propietarios.

Por el contrario, la Audiencia Provincial, aunque parte de la obligatoriedad de indicar los asuntos a tratar, exigida por el artículo 16.2 Ley Propiedad Horizontal (LPH), declara válido el acuerdo, punto 4.º adoptado aunque no esté incluido en el orden del día. Basa su decisión en la escasa importancia económica del mismo ya que se concreta en la obligación de abonar como gasto único por propietario el de 41'66 euros. 
En concreto, razona que la obligatoriedad impuesta por el artículo 16.2 LPH de indicar en la convocatoria los asuntos a tratar no estaría reñida con la flexibilidad en la interpretación de aquel precepto, debiendo excluirse de dicho rigor las cuestiones, como en el presente caso, que por su escasa importancia económica no merezcan de una convocatoria especial.

Esta Sala no puede compartir esta doctrina, pues considera que el hecho de que el acuerdo adoptado, en lo que se refiere al recurso de casación, relativo a la instalación de grifo comunitario y pileta de desagüe, sea de escasa trascendencia económica no constituye un argumento que permita, en contraposición a la doctrina jurisprudencial destacada, declarar la validez de un acuerdo que fue adoptado con vulneración de normas imperativas, al someterse a votación la adopción de un acuerdo sobre una materia que de ningún modo se había fijado en el orden del día tal y como preceptúa el artículo 16.2 LPH . ..."

Así las cosas es necesario que todas la comunidades de propietarios procuren que los asuntos se traten dentro de la estricta relación del Orden del Día, propuesto y notificado a todos los propietarios, si no quieren que alguno de ellos, que esté discordante, pueda impugnar el acuerdo ilegal.

Descubre cómo está actuando la SGAE.

Ahora viene con un nuevo socio en su afán de recaudación.

Tal vez no quieras pagar los derechos que recauda la SGAE.

Averigua cómo descargando en este enlace .

Una Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo limita el cobro de Derechos de Autor en consultas de profesionales.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, el 15 de marzo de 2012, dictó una sentencia que ha trascendido a las colecciones de jurisprudencia recientemente, en la que dispone textualmente lo siguiente:

“El concepto de «comunicación al público», a efectos del artículo 8, apartado 2, de la Directiva 92/100, debe interpretarse en el sentido de que no incluye la difusión gratuita de fonogramas en una consulta odontológica, como la del asunto principal, en el marco del ejercicio de una profesión liberal, a favor de los pacientes, que disfrutan de ella independientemente de su voluntad. Por tanto, tal difusión no confiere a los productores de fonogramas el derecho a percibir una remuneración.”

Esta doctrina debería ser adoptada por las Sociedades gestoras de Derechos de Propiedad Intelectual, como la SGAE, en España, y extender sus efectos a situaciones en las que se puede observar una semejanza con la expuesta en la Sentencia.

Es de reseñar los tres puntos importantes que destaca la Sentencia: la ausencia de voluntad del cliente del profesional liberal a la hora de recibir la ambientación musical, la escasa importancia del número de personas que reciben al mismo tiempo la comunicación fonográfica y la ausencia de afán lucrativo en la reproducción del fonograma.

Reseña la Sentencia que una consulta odontológica privada, (y entendemos que por extensión cualquier consulta profesional privada) no es equiparable a un lugar público o abierto al público, en la medida en que los pacientes no constituyen un público indiferenciado sino que están determinados individualmente y pueden acceder bien con cita previa bien con el consentimiento del profesional.

También sigue diciendo la Resolución Judicial que la magnitud del número de personas para las que el profesional difunde y permite oír el mismo fonograma, es escaso, incluso insignificante, puesto que el círculo de personas presentes simultáneamente en su consulta es muy limitado y se van sucediendo unos a los otros por lo que no son destinatarios de los mismos fonogramas.

El profesional que instala esta ambientación musical en su consulta no pretende razonablemente esperar un aumento de sus pacientes por el sólo hecho de la difusión de la música, ni puede aumentar los precios por los servicios que proporcione. Ello quiere decir que la difusión por sí sola no repercute en los ingresos del consultorio.
Y como quiera que los clientes acceden solo a determinados fonogramas en función del momento de la llegada a la consulta, su espera y de la duración de los servicios que le prestan, lo hacen sin relación a sus deseos o preferencias, por lo que no cabe deducir que todos los clientes sean receptivos respecto la difusión de que se trate.

Así pues, esta difusión no reviste carácter lucrativo y por consiguente del conjunto de todas las apreciaciones se desprende que un dentista (y por extensión cualquier profesional), que difunde gratuitamente fonogramas en su consultorio para sus pacientes, (entiéndase clientes), que los disfrutan independientemente de su voluntad, no lleva a cabo una «comunicación al público» en el sentido del artículo 8, apartado 2, de la Directiva 92/100, ( y consecuentemente a toda legislación nacional que derive de esta directiva).
Por tanto, tal difusión no confiere a los productores de fonogramas el derecho a percibir una remuneración.

En consecuencia con esta jurisprudencia emanada del Alto Tribunal Europeo, hemos de entender que la Sociedad General de Autores de España y otras entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual que operan en nuestro territorio, deberán acompasar su política de cobro indiscriminado de derechos de autor, y reconsiderar que las cantidades que pretenden percibir no son legales, cuando en casos como el que explica la Sentencia, no se produce una comunicación pública por el hecho de que se hace en lugar privado, para un grupo reducido de personas que se simultanean en el lugar, sin ánimo de lucro por el que la difunde y cuando la asistencia a dicho lugar es para fines bien distintos del entretenimiento o del ocio.

Bajo nuestro punto de vista, esta Sentencia podría sustentar futuras reclamaciones no sólo de odontólogos, sino también de consultas de médicos, abogados, arquitectos, ingenieros, notarios, es decir cualquier tipo de actividad profesional de prestación de servicios a las personas. 
Y también, por qué no, para otras actividades de prestación de servicios a las personas que no son profesionales sino comerciales, tales como los servicios de peluquería, de esteticién, de masajes, etc, siempre que se pueda colegir que se reúnen los tres requisitos antes enunciados.

Creemos que esta resolución es un fuerte puntal para que los pequeños comercios y profesionales que sucumbían ante la inspección de las sociedades gestoras de derechos, puedan defenderse de ellas alegando esta nueva doctrina.

Si en la actualidad tienen un contrato con la SGAE y cree que se encuentra en alguno de los casos antes relacionados, le ofrecemos la posibilidad de que estudiemos su situación. Tal vez le interese romper su relación con la SGAE, nosotros le ayudaremos si usted está en su derecho.